Hablar hoy de la política de Paraguarí, sin camiseta puesta, exige mirar menos el ruido y más la realidad. La realidad es esta: el departamento está gobernado por Norma Zárate de Monges, según la página oficial de la Gobernación, y la ciudad de Paraguarí sigue bajo la administración municipal de Marcelo Ariel Simbrón Pinto, identificado en el portal oficial del municipio y en la cobertura política reciente de cara a las municipales de 2026.
Pero la política local no se entiende solo mirando nombres. También se entiende mirando a la gente. El INE presentó que el departamento de Paraguarí tiene 200.472 habitantes y la mayor cantidad de población adulta del país; la mitad de su población tiene más de 33 años, cuatro años por encima de la media nacional. Eso, leído en castellano sencillo, significa que la ciudadanía probablemente siente con más fuerza temas como salud, movilidad, empleo estable, seguridad vial y servicios públicos que los discursos lindos de campaña.
Y justo ahora todo eso ocurre en pleno calendario electoral. Según la Justicia Electoral, las internas municipales están previstas para el 7 de junio y las elecciones municipales para el 4 de octubre de 2026; además, ya se habilitó la consulta del Registro Cívico Permanente. O sea: casi toda decisión pública, casi toda inauguración y casi toda pelea partidaria hoy ya se lee en clave electoral.
En Paraguarí, la disputa más visible no parece ser tanto entre colorados y oposición como dentro del propio coloradismo. Norma Zárate llegó a la Gobernación como la primera mujer en ocupar ese cargo en el departamento, por la ANR. Pero en 2026 el oficialismo local aparece cruzado por una pulseada fuerte entre la gobernadora y el ministro Juan Carlos Baruja, exgobernador y figura de peso en el departamento. ABC reportó que esa fisura interna se volvió pública y que Baruja impulsó candidaturas propias en la capital y en otros distritos. Al mismo tiempo, el intendente de la capital, Marcelo Simbrón, dejó el cartismo y oficializó su búsqueda de reelección desde Colorado Añetete. En pocas palabras: la pelea principal hoy es por el control territorial, la estructura y el futuro mando local.
Ahora bien, sería injusto decir que todo es pelea y nada de gestión. Hay obras y anuncios concretos. El MOPC está socializando la transformación de la ruta PY01, con una inversión estimada de USD 414 millones y un impacto directo proyectado sobre 2,6 millones de personas de Central y Paraguarí. A eso se suma que en marzo el Ministerio de Salud informó sobre nuevas Unidades de Salud de la Familia en el departamento, incluyendo Costa Primera en Paraguarí, y esta misma semana se anunciaron inversiones cercanas a USD 10 millones para mejorar la infraestructura sanitaria departamental. Desde la lógica de gestión, estas son noticias importantes porque conectan tres cosas que en Paraguarí pesan mucho: salud, conectividad y presencia real del Estado.
El problema es que la política no se mide solo por lo que inaugura, sino también por la confianza que genera. Y ahí Paraguarí tiene una deuda. ABC informó en febrero que cuatro intendentes del departamento no realizaron la audiencia pública de rendición de cuentas como exige la ley, entre ellos el de la capital. Incluso entre los que sí hicieron la actividad, el mismo medio señaló que en muchos casos no se cumplió debidamente con la entrega de la documentación exigida para que la ciudadanía pueda controlar de verdad. En un departamento donde la gente quiere ver resultados, la transparencia no es un lujo: es una prueba básica de respeto.
Tampoco sería moralmente correcto barrer bajo la alfombra los cuestionamientos judiciales y administrativos. No corresponde condenar a nadie desde un texto periodístico; eso le toca a la Justicia. Pero sí corresponde decir que hay señales preocupantes. ABC reportó que la Contraloría General presentó una denuncia penal contra la exintendenta de Paraguarí y el actual intendente por presuntas irregularidades en obras municipales. Además, en otra cobertura electoral, el mismo medio indicó que el intendente capitalino enfrenta una condena que fue apelada y aún debe definirse en instancias superiores. Dicho de forma simple: el debate político local no solo trata de quién gana, sino también de con qué mochila ética llega cada candidato.
Con todo esto, la situación política de Paraguarí puede resumirse así: hay gestión visible, sí; hay inversión pública en marcha, también; pero al mismo tiempo hay una competencia interna áspera por el poder, señales de fragilidad institucional y una ciudadanía que necesita más claridad que propaganda. Cuando un departamento entra en año electoral con obras importantes por un lado y con disputas, denuncias y rendiciones incompletas por el otro, lo que se juega no es solamente una intendencia o una interna partidaria. Lo que se juega es la credibilidad de la política misma.
Paraguarí tiene con qué crecer. Tiene ubicación estratégica, peso histórico, identidad fuerte y una agenda pública muy concreta. Por eso, la pregunta más sana para los próximos meses no debería ser “¿quién grita más fuerte?” sino “¿quién administra mejor, rinde cuentas con seriedad y baja la pelea al nivel de servicio público?”. En un departamento como este, la buena política no debería parecer un espectáculo. Debería parecer algo mucho más simple y mucho más noble: trabajo limpio, palabra cumplida y respeto a la gente.
Paraguarí, entre obras, internas y confianza.