Al 6 de abril de 2026, la política paraguaya está marcada por una combinación bastante clara: poder oficialista, año electoral municipal y presión ciudadana sobre temas concretos. El presidente sigue siendo Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y la presidencia del Senado está en manos de Basilio Núñez. Eso hace que buena parte de la agenda nacional siga orbitando alrededor del oficialismo colorado, aunque con costos políticos visibles en el Congreso y en la gestión diaria.
El gran telón de fondo de este año son las municipales de 2026. El calendario ya está fijado: las internas partidarias serán el 7 de junio y las elecciones municipales el 4 de octubre. Por eso, incluso los debates nacionales se están leyendo en clave electoral. Gobernadores, intendentes, legisladores y movimientos internos ya no se mueven solo pensando en gobernar, sino también en llegar mejor posicionados a junio y octubre.
En el Congreso, uno de los temas más sensibles de estas semanas es el de las bonificaciones y privilegios salariales. El caso de Basilio “Bachi” Núñez instaló otra vez la discusión sobre cuánto cobran las máximas autoridades y cómo se usan los recursos públicos. Tras la polémica, Núñez anunció que renunciaba a esas bonificaciones y planteó eliminarlas por ley, pero el tema no se cerró ahí: la discusión siguió y el costo político para el Senado quedó instalado.
Fuera del Congreso, la política también está muy condicionada por problemas de gestión. En los últimos días, el país volvió a ver una crisis en el transporte público, con un paro de casi dos días que terminó tras un acuerdo entre el Gobierno y los gremios empresariales por pagos y subsidios; después, el MOPC abrió sumarios a 28 empresas. Al mismo tiempo, sigue el ruido por la deuda estatal con constructoras y por la paralización de obras, algo que ya tiene impacto económico y también político en pleno año electoral.
Otro frente importante es la Caja Fiscal. La reforma ya empezó a regir este mes, pero el debate no terminó con su promulgación: distintos sectores la consideran un ajuste incompleto o apenas un parche, mientras otros sostienen que era inevitable mover algo para contener el déficit. En otras palabras, no es un tema resuelto, sino una discusión que probablemente seguirá acompañando al Gobierno durante todo 2026.
También sigue pesando Hambre Cero, probablemente el programa social más político del momento. En marzo hubo denuncias de presiones y uso partidario en contrataciones vinculadas al programa, mientras que el Senado aprobó cambios para centralizar en el Ministerio de Desarrollo Social los fondos de algunas gobernaciones. A la vez, gobernadores defendieron la continuidad del esquema y afirmaron que el programa funciona. Más que un debate técnico puro, Hambre Cero hoy aparece como un punto donde se mezclan asistencia social, control territorial e interna política.
Del lado opositor, el panorama sigue siendo más fragmentado, aunque hay intentos visibles de unidad táctica para las municipales. En Asunción, por ejemplo, sectores opositores acordaron un mecanismo conjunto para definir una sola candidatura, y en algunos distritos del interior también se ensayan candidaturas únicas. Eso no significa que exista una oposición plenamente ordenada a nivel nacional, pero sí que hay una búsqueda más clara de coordinación que en otros momentos recientes.
Visto con calma, la política paraguaya actual no está dominada por una sola gran crisis, sino por varias tensiones al mismo tiempo: campaña anticipada, disputa por recursos, reclamo por mejores servicios y desgaste por privilegios en la clase política. Para mucha gente, la discusión ya no pasa solo por ideologías o discursos, sino por algo más simple: si el Estado funciona, si gasta bien y si responde a problemas reales. Ese probablemente es el tono más exacto de la política paraguaya en este abril de 2026.
Paraguay en abril de 2026: política en modo gestión y campaña